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El articulo ciento diecinueve de la Constitucion De Espana de 1978 dispone que la justicia sera gratis cuando de esta forma lo disponga la ley y, en cualquier caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.” El derecho a la gratuidad de la justicia de quien carece de los recursos suficientes, elevado a rango constitucional, ha sido desarrollado por la Ley 1/1996 de 10 de Enero de Asistencia Juridica Gratuita, tal como por los diferentes reglamentos en desarrollo. NOVENO.- Y si conforme hasta lo aca expuesto deben desestimarse los recursos de casacion de la Generalitat de Cataluna y del Ilustre Instituto de Abogados de Barcelona, no otra es la solucion que se alcanza en comparacion con interpuesto por el Consejo de los Ilustres Institutos de Abogados de Cataluna, fundamentado en 2 motivos, articulados ambos por la letra d) del articulo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, para denunciar, en el primero, la infraccion del articulo treinta y seis de la Constitucion y, en el segundo, la del articulo veintitres de igual Texto.

La circunstancia de que todas y cada una de las enmiendas presentadas, incluidas las de la Asociacion ahora recurrida, fueran objeto de analisis y de contraste con la legalidad actual, asi como de una respuesta motivada (argumento del motivo primero) y la de que todos los colegiados que presentaron enmiendas fueron participantes en el proceso, son 2 razonamientos que no inciden en el tema esencial del debate, centrada en la falta de competencia de la Junta de Gobierno del Colegio para inadmitir a tramite enmiendas por razon de ilegalidad intrinseca.

El Instituto de Abogados tramitara la solicitud y, si procede, efectuara la designacion de un letrado de turno de oficio, lo que comunicara por correo postal al solicitante indicando los datos de contacto del profesional con el proposito de que se ponga en contacto con el mismo y le facilite los antecedentes necesarios para la defensa de sus intereses.

Ofrece soluciones adaptadas adaptadas a las necesidades de las partes en enfrentamiento, las partes se hallan en una posicion de igualdad y son protagonistas en la adopcion de pactos mas durables y respetados.

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Por este motivo los Colegios de Abogados no pueden en ningun caso fijar los costos por la prestacion de servicios efectuada por el Abogado, debiendo prevalecer en todo caso la libertad del Letrado para fijar la retribucion por el trabajo profesional prestado.

Los Criterios del Instituto de Abogados de Madrid que recogen las pautas reflejadas en los dictamenes sobre honorarios emitidos a requerimiento judicial, obedecen a la unica finalidad de cumplir con las obligaciones que las leyes procesales imponen a los Institutos de Abogados, pero no constituyen en modo alguno recomendacion para los abogados agremiados respecto a los honorarios por los servicios profesionales prestados.

El Servicio de Atencion al Usuario (SAU) atiende a los ciudadanos sobre los servicios que ofrece el Instituto y encauza las incidencias, quejas y reclamaciones que los usuarios de servicios juridicos asociaciones que los representen, deseen plantear contra abogados el propio Instituto con relacion a los servicios prestados.

El Colegio de Abogados de la villa de Madrid tiene como fin esencial la ordenacion del ejercicio de la profesion y la proteccion de los intereses de los clientes de los abogados y de las sociedades profesionales.

El Instituto de Abogados de la villa de Madrid es competente para conocer de las actuaciones profesionales que se lleven a cabo en su ambito territorial, que entiende todo el territorio de la Comunidad de la capital espanola, salvo el que por Ley corresponde al de Alcala de Henares.

El organo eficiente para el ejercicio de tales potestades es la Junta de Gobierno, y se ejerce conforme con la Ley de 30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun y el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administracion de la Comunidad Autonoma de la capital de Espana (Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 245/2000 de 16 de noviembre).

Los colegiados del Colegio de Abogados de la capital de Espana tienen un seguro de responsabilidad civil contratada por el Instituto que cubre hasta 18.000 euros las posibles reclamaciones derivadas del ejercicio de la profesion.

Contra las resoluciones del Consejo de Institutos de Abogados de la Comunidad de Madrid puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la villa de Madrid.